NORMATIVA

Verifactu: plazos vigentes y el aplazamiento anunciado a 2028

Los plazos se han ampliado dos veces, y en octubre de 2026 Hacienda anunció una tercera ampliación que todavía no está en ninguna norma. Esto es lo que dice el BOE a fecha de hoy, lo que se ha anunciado y qué implica para una pyme que factura con un programa normal.

Los plazos vigentes: 1 de enero y 1 de julio de 2027

Si buscas «plazos Verifactu» te van a salir varias fechas, y no todas valen. El calendario se ha movido dos veces desde el reglamento original y hay una tercera ampliación anunciada, así que conviene fijar cuál es la buena.

El Real Decreto 1007/2023 aprobó el reglamento y fijó inicialmente el 1 de julio de 2025. El Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, lo retrasó al 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y al 1 de julio de 2026 para el resto. Y el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, lo volvió a ampliar, que es el que manda ahora:

  • Entidades que presentan el Impuesto sobre Sociedades: deben tener los sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027.
  • Resto de obligados tributarios (autónomos y demás empresarios y profesionales): antes del 1 de julio de 2027.

Ojo con una fecha que sí venció y que se confunde con las anteriores: los productores y comercializadores de software de facturación tenían un plazo distinto y anterior, el 29 de julio de 2025, para ofrecer sus productos ya adaptados. Es decir: tu proveedor de software debería tener desde hace más de un año una versión que cumple. El plazo que se ha movido es el tuyo para usarla, no el suyo para tenerla.

El aplazamiento a octubre de 2028: anunciado, no aprobado

El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda publicó una nota informativa con una previsión: aplazar las obligaciones pendientes de Verifactu hasta octubre de 2028, para que coincidan con la factura electrónica obligatoria de los empresarios y profesionales que no superan los 8 millones de euros de facturación. La idea es alinear los dos calendarios y, después, acercar también los requisitos técnicos de ambas normas. Lo de la factura electrónica lo explicamos en el artículo sobre el RD 238/2026.

Pero una nota de prensa no cambia un plazo. A 5 de noviembre de 2026 no se ha publicado en el BOE ninguna norma que lo haga: el texto consolidado del Real Decreto 1007/2023 sigue con su última actualización de diciembre de 2025 y, por tanto, con el 1 de enero y el 1 de julio de 2027.

Lo que eso significa en la práctica:

  • Si el aplazamiento no se publica antes del 1 de enero de 2027, las sociedades tienen que cumplir desde esa fecha, con anuncio o sin él.
  • Si se publica, ganarás margen, pero no cambia lo que hay que hacer: la propia nota dice que las exigencias de integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes.
  • Lo que no conviene es dejar la adaptación a medias contando con una fecha que todavía no existe. Usar un sistema de facturación que no cumple los requisitos cuando ya es obligatorio puede sancionarse con 50.000 euros por cada ejercicio (artículo 201 bis de la Ley General Tributaria).

Revisaremos este artículo en cuanto haya norma publicada.

Qué exige el reglamento, en lenguaje llano

Verifactu no es un impuesto nuevo ni un trámite que haya que presentar. Es un conjunto de requisitos que debe cumplir el programa con el que emites facturas, para que los registros no se puedan alterar después sin que se note.

En la práctica, el sistema de facturación tiene que generar, por cada factura, un registro de facturación con su huella (hash) encadenada a la del registro anterior, firmado, con un código QR en la factura y una leyenda identificativa. La cadena es lo importante: si alguien borra o modifica una factura intermedia, la cadena se rompe y queda constancia.

A partir de ahí hay dos modalidades. En la modalidad Veri*Factu el sistema remite los registros a la Agencia Tributaria de forma inmediata, y en contrapartida se relaja la obligación de conservación y de llevar determinados libros. En la modalidad de «no verificable» no se remiten, pero el sistema debe conservar los registros con todas las garantías y llevar un registro de eventos, y queda expuesto a que se le requieran.

A quién afecta y a quién no

Afecta a empresarios y profesionales que expidan facturas y usen un sistema informático para hacerlo. Eso incluye a la mayoría de las pymes, aunque facturen poco.

Los casos que quedan fuera son más limitados de lo que la gente supone. Están excluidos, entre otros, quienes ya están en el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, y determinadas operaciones y territorios con su propio régimen. Si facturas en papel a mano y sin ningún programa, el reglamento de sistemas informáticos no te alcanza —pero esa situación es rara y suele ser peor por otros motivos.

La duda más frecuente que nos llega no es si afecta, sino qué cuenta como «sistema informático de facturación». Y la respuesta incómoda es que una hoja de cálculo con la que generas facturas puede serlo. Si tu proceso de facturación pasa por un Excel, ese es el sitio por donde va a doler.

Lo que esto significa si automatizas tu facturación

Aquí está la parte que nos toca directamente, y la razón de que insistamos tanto en el orden de los factores.

Verifactu obliga a que los registros de facturación sean inalterables y trazables. Cualquier automatización que se ponga por delante o por detrás del programa de facturación tiene que respetar eso. Y hay un patrón que se ve mucho y que es exactamente lo que no hay que hacer: montar una capa intermedia —una base de datos, un CRM, una hoja de cálculo— que mantiene su propia copia de las facturas y la sincroniza con el programa de facturación en las dos direcciones.

Eso crea dos fuentes de verdad para el mismo dato. Y en cuanto hay dos, en algún momento discrepan: un importe que se editó en un lado y no en el otro, una factura anulada que sobrevive en la copia. Con Verifactu ese descuadre deja de ser una molestia operativa y pasa a ser un problema de trazabilidad fiscal, porque la cadena de registros que la Agencia Tributaria puede requerir es la del sistema de facturación, no la de tu capa intermedia.

Por eso la regla con la que trabajamos es que el programa de facturación es la única fuente de verdad de una factura. Todo lo demás —el CRM, el panel de control, la bandeja de tareas del equipo— son ventanas que leen de ahí, o bandejas de entrada que empujan datos hacia ahí, pero nunca espejos que mantengan su propia versión.

La segunda regla es que dejamos un punto de control humano antes del envío. Una factura mal emitida cuesta bastante más que el rato que ahorras enviándola sola, y rectificarla deja rastro. Automatizamos que la factura se prepare, se rellene y quede lista; el «enviar» lo aprueba una persona.

Qué hacer ahora, con el aplazamiento en el aire

A 5 de noviembre de 2026, las sociedades tienen la fecha vigente a menos de dos meses y un aplazamiento anunciado pero no aprobado. Lo sensato es planificar contra la fecha que está en el BOE: si el aplazamiento llega, habrás ganado tranquilidad, no perdido trabajo. Y se puede hacer en el orden correcto, que es la única circunstancia en la que estos proyectos salen bien.

  • Confirma con tu proveedor de software si tu versión concreta ya cumple y en qué modalidad. No basta con que el fabricante diga que su producto cumple: importa la versión que tú tienes instalada y si está al día.
  • Localiza los puntos donde una factura se genera fuera del programa. El Excel de un comercial, la plantilla de Word de administración, el albarán que se pasa a mano. Esos son los que hay que reconducir.
  • No montes automatizaciones nuevas sobre el proceso viejo si vas a cambiar de programa o de versión en los próximos meses. Se rehace el trabajo entero.
  • Documenta qué genera cada registro y desde dónde. Es lo que te van a preguntar si algún día hay un requerimiento, y es trabajo que no se puede reconstruir después de memoria.

Y una advertencia sobre los plazos: se han ampliado dos veces y hay una tercera ampliación anunciada, pero anunciada no es aprobada. Planificar contando con un aplazamiento que no está en el BOE es la forma habitual de acabar corriendo en diciembre.

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